El panorama del alojamiento turístico en Quintana Roo está a punto de experimentar una transformación sustancial. La actualización de la Ley del Turismo de la región implementará un nuevo esquema para las plataformas de hospedaje. Este renovado marco legal no solo busca armonizar el mercado, sino que también otorga a las municipalidades la autonomía para determinar la viabilidad de operación de estas plataformas dentro de sus jurisdicciones, ya sea permitiéndolas o estableciendo restricciones.
El día 30 de agosto de 2025, el Secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, anunció en Cancún la puesta en marcha de un reglamento renovado para la Ley del Turismo en Quintana Roo. Este reglamento introduce medidas rigurosas destinadas a plataformas de alojamiento digital, como Airbnb, Booking y Home to Go. Uno de los puntos focales es la obligación para todos los proveedores de servicios de hospedaje de registrarse en el Registro Estatal de Turismo (Retur-Q).
Según Cueto Riestra, es imperativo que los anfitriones y propietarios de alojamientos estén plenamente informados sobre los requisitos y procedimientos. El incumplimiento de estas nuevas directrices podría resultar en sanciones económicas considerables, ascendiendo a multas de hasta cien mil pesos. Esta iniciativa busca integrar a todos los actores del sector, asegurando que cumplan con las normativas esenciales para una operación legítima y ordenada.
Además, esta nueva reglamentación propiciará la realización de mesas de trabajo entre las autoridades estatales y municipales. Estas reuniones serán cruciales para que cada ayuntamiento, ya sea en destinos concurridos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum, ejerza su capacidad de decisión. Esto les permitirá establecer políticas específicas sobre la operación de las plataformas de hospedaje, adaptándose a las necesidades y particularidades de cada localidad.
La implementación de este reglamento llega en un momento oportuno, considerando las advertencias previas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la saturación de la red eléctrica en zonas de alta demanda turística debido al rápido crecimiento de la hotelería y los alquileres vacacionales. Esta nueva normativa, por tanto, no solo busca el ordenamiento administrativo, sino también aliviar la presión sobre infraestructuras esenciales.
La decisión de transferir a los municipios la potestad para regular las plataformas de hospedaje es un paso significativo hacia una gestión turística más descentralizada y adaptada a las realidades locales. Esta medida podría fomentar una mayor equidad en el mercado del hospedaje, aliviando la carga sobre las infraestructuras y promoviendo una competencia más justa entre los modelos de alojamiento tradicional y el compartido. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de cada municipalidad para diseñar e implementar normativas coherentes y transparentes, garantizando que el turismo siga siendo una fuente de desarrollo sostenible para la región, sin sacrificar la calidad de vida de sus residentes ni la preservación de sus recursos.