La reciente implementación del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico en España ha puesto de manifiesto una preocupante realidad en el sector del alquiler vacacional: la inmensa mayoría de las propiedades no cumplen con la nueva legislación. Esta situación podría llevar a la desaparición de más de un millón de plazas turísticas del mercado en las próximas semanas, generando incertidumbre y desafíos para un sector clave de la economía.

Desde el pasado 1 de julio, la normativa exige que todas las viviendas de uso turístico cuenten con un código identificativo estatal, que prevalece sobre cualquier licencia autonómica o municipal previa. Sin embargo, un análisis detallado realizado por Mabrian a mediados de julio reveló que apenas el 13% de la oferta disponible en plataformas como Airbnb ha completado este registro y ha actualizado sus anuncios con el número correspondiente. Esta cifra es alarmante, ya que implica que aproximadamente el 87% de las propiedades, que suman más de 1.1 millones de plazas, se encuentran actualmente fuera de la legalidad vigente.

La inminente acción de las plataformas de alquiler, como Airbnb, que comenzarán a retirar los anuncios de propiedades no registradas en agosto, amenaza con reducir drásticamente la oferta de alojamiento turístico. Este escenario no solo afectaría a los anfitriones, sino que también podría tener un impacto considerable en la experiencia de los viajeros y en las economías locales que dependen en gran medida del flujo turístico, especialmente durante la temporada alta de verano.

Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian, ha señalado que, a pesar de las advertencias previas, muchos propietarios y anunciantes solo iniciaron el proceso de registro una vez que la ley entró en vigor, lo que ha provocado una acumulación masiva de solicitudes en un corto periodo. La falta de anticipación y la complejidad del proceso han contribuido a esta situación de no cumplimiento generalizado.

Las disparidades regionales son notables. En Andalucía, la comunidad con mayor número de viviendas turísticas, solo el 10.2% de la oferta en Airbnb ha obtenido el Número de Registro Único (NRA), a pesar de que un elevado 83% ya poseía licencias autonómicas. De manera similar, en Cataluña, la tercera región en volumen de oferta, solo el 8% de las propiedades anunciadas han incorporado el código estatal, mientras que el 75.6% ya contaban con permisos locales o autonómicos. Otras comunidades como la Valenciana (15.2%), Canarias (16.8%) y Baleares (12.2%) también muestran bajos porcentajes de cumplimiento.

La situación actual subraya la necesidad de acelerar el proceso de regularización. Aunque la incorporación de las viviendas al Registro Único es un proceso en curso, su lentitud plantea serias interrogantes sobre la capacidad del mercado para adaptarse a la nueva normativa sin sufrir interrupciones significativas. La posible pérdida de una parte tan importante de la oferta de alojamiento turístico en plena temporada veraniega no solo afecta la capacidad de acogida, sino que también impacta en la percepción del destino y en el bienestar económico de las comunidades que se benefician del turismo.

En síntesis, la implementación del nuevo registro estatal de viviendas turísticas en España ha revelado una amplia falta de cumplimiento normativo, con la mayoría de las propiedades en riesgo de ser eliminadas de las plataformas de alquiler. Esta situación, marcada por un bajo porcentaje de registros y notables diferencias regionales, plantea serios desafíos para el sector turístico y la economía local en los próximos meses.