El gobierno de los Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, ha manifestado su intención de imponer una serie de sanciones a las compañías aéreas mexicanas. La razón principal es la supuesta violación del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, provocada por la exigencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a las aerolíneas de carga estadounidenses de trasladar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este movimiento ha resultado en cuantiosas pérdidas económicas para las empresas aéreas de Estados Unidos.
Una de las medidas más contundentes que se barajan es la revisión de la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta. Según Sean P. Duffy, secretario de Transporte estadounidense, desde 2022, México ha incumplido el acuerdo bilateral al cancelar de forma abrupta franjas horarias y al forzar la reubicación de las operaciones de carga. Duffy ha señalado un “evidente desprecio” por parte de México hacia los compromisos bilaterales y un patrón de comportamiento anticompetitivo.
El Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. ha comunicado que una de las primeras acciones, en el marco de la Parte 213 de su normativa, será exigir a las aerolíneas mexicanas la presentación detallada de sus itinerarios para todas las operaciones con destino o procedencia de Estados Unidos. Adicionalmente, se requerirá la aprobación previa del DOT para vuelos chárter de aeronaves de gran capacidad, tanto de pasajeros como de carga, entre ambos países. El DOT se reserva el derecho de denegar solicitudes de vuelos mexicanos si no se restablecen las condiciones acordadas en el tratado de 2015.
En una medida que podría alterar drásticamente el panorama aéreo, el DOT ha propuesto retirar la inmunidad antimonopolio (ATI) a la alianza entre Aeroméxico y Delta. Esta acción se contempla como un mecanismo para corregir las distorsiones actuales en el mercado binacional. La implementación de esta decisión implicaría que Delta y Aeroméxico tendrían que cesar prácticas colaborativas como la fijación conjunta de precios, la gestión compartida de capacidad y la distribución de ingresos, actividades que actualmente dependen de dicha inmunidad.
Duffy ha enfatizado que la restricción de franjas horarias y la obligación de trasladar operaciones de carga han llevado a México a incumplir su compromiso, distorsionando el mercado y causando pérdidas millonarias a las empresas estadounidenses debido al incremento de sus costos operativos.
En respuesta a las acusaciones del DOT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México ha defendido que el traslado de las operaciones de carga al AIFA no fue una imposición arbitraria. Por el contrario, la SICT argumenta que se trató de una decisión estratégica orientada a mejorar la seguridad y eficiencia para los usuarios del espacio aéreo.
Cabe recordar que en junio de 2023, ya se había reportado que la estrategia para combatir la saturación aérea en el AICM había fracasado. A pesar de la reducción de operaciones de 61 a 52 por hora, una medida impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el fin de fomentar el uso del AIFA, el problema persistió, lo que subraya la complejidad de la gestión aeroportuaria en la capital mexicana.