El Ayuntamiento de Málaga ha adoptado una medida decisiva para regular el sector de las viviendas de uso turístico, estableciendo una moratoria que suspende la emisión de nuevas licencias por un período máximo de tres años. Esta acción, que ha entrado en vigor recientemente, busca dar un respiro a la presión inmobiliaria y social generada por la proliferación de este tipo de alojamientos, al tiempo que se trabaja en una profunda revisión de la normativa urbanística de la ciudad. La iniciativa subraya la preocupación de las autoridades locales por preservar el equilibrio residencial y adaptar el desarrollo urbano a las dinámicas actuales, garantizando la sostenibilidad y habitabilidad de la urbe.
La suspensión de nuevas viviendas turísticas es un paso fundamental dentro de una estrategia más amplia del consistorio malagueño. Este plan integral no solo contempla la moratoria inmediata, sino que también establece un marco para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el fin de definir de manera más precisa los usos del suelo residencial y turístico. El objetivo es dotar a la administración de herramientas efectivas para gestionar y controlar el crecimiento de los alojamientos turísticos, tanto en las zonas urbanas ya consolidadas como en los futuros desarrollos. La colaboración con otras instancias gubernamentales, como la Junta de Andalucía, es crucial para asegurar la implementación efectiva de estas políticas y para que la regulación se refleje en los registros oficiales, evitando la inscripción automática de nuevas propiedades destinadas al uso turístico.
Regulación Estratégica del Alojamiento Turístico
El ayuntamiento malagueño ha implementado una prohibición temporal para la creación de nuevas unidades de hospedaje para visitantes, con una duración que puede extenderse hasta por 36 meses. Esta decisión se hizo oficial con su aparición en el boletín provincial, marcando el inicio de un proceso de ajuste en la planificación urbana. El propósito principal es establecer un marco claro para los usos residenciales y turísticos de las propiedades. Esta acción busca proporcionar a la administración local los medios necesarios para supervisar y controlar la expansión de estos tipos de alojamientos, tanto en las áreas urbanas existentes como en futuros proyectos de desarrollo, en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas de la ciudad.
Esta medida restrictiva tiene su fundamento legal en una ley autonómica que permite la paralización de permisos urbanísticos por motivos de interés público. Durante este lapso, el destino residencial de una propiedad no implica automáticamente su habilitación para fines turísticos, lo que significa que no se autorizarán nuevas licencias para este tipo de propiedades en todo el municipio. El consistorio ha notificado a la Junta regional sobre esta decisión, instando a que se bloquee el registro de nuevas propiedades con fines turísticos y se revoque el procedimiento de inscripción automática actualmente vigente. La justificación de esta acción radica en la creciente saturación turística en diversas zonas de la ciudad, donde el número de propiedades destinadas a visitantes supera el ocho por ciento del total de viviendas en más de medio centenar de barrios, lo que exige una intervención reguladora para mantener el equilibrio y la calidad de vida de los residentes.
Plan Integral de Ordenación Urbana y Vivienda
La interrupción en la concesión de licencias para viviendas turísticas se enmarca en una estrategia de gestión urbana diseñada en tres etapas. La primera fase, que comenzó a mediados de 2024, estableció restricciones para las nuevas unidades que no contaran con acceso independiente. La segunda etapa, iniciada a principios de 2025, impidió la autorización de nuevas propiedades en zonas con alta densidad de alojamientos turísticos y limitó su establecimiento en otras áreas a aquellas con entradas separadas. Estas acciones se basan en un análisis exhaustivo que evidencia la necesidad de reajustar el Plan General de Ordenación Urbana para reflejar las nuevas demandas habitacionales y turísticas, permitiendo así una gestión más eficiente del territorio.
En paralelo a estas medidas restrictivas, el gobierno municipal ha refrendado la aplicación de normativas autonómicas que promueven la creación de oferta habitacional pública. Esta iniciativa facilitará la construcción de más de mil viviendas de protección oficial en terrenos actualmente en desarrollo. La conjunción de la moratoria turística y el impulso a la vivienda protegida subraya un compromiso holístico con el bienestar de la ciudadanía, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico impulsado por el turismo y la garantía de acceso a una vivienda digna para los residentes. Este enfoque integral busca mitigar los efectos de la gentrificación y la saturación turística, asegurando un futuro sostenible para la comunidad malagueña.