En un giro sorprendente, Eduardo Albor, la mente maestra detrás de Dolphin Discovery, ha vuelto a tomar las riendas de la administración de la empresa. Este retorno no ha sido en solitario, sino que ha contado con el respaldo de la fuerza policial, facilitada por la gobernadora Mara Lezama, según lo expuesto por Darío Celis en su reconocida columna de El Heraldo. Este movimiento marca un capítulo crucial en la historia de la compañía y de su fundador.<\/p>
Desde principios de año, Albor ha estado inmerso en una ardua contienda legal con sus socios estadounidenses. La raíz del conflicto radica en acusaciones de un presunto endeudamiento de la empresa por más de 200 millones de dólares con importantes entidades como Prudential, MetLife y Cigna. Estas acusaciones llevaron a su destitución de la administración de la compañía, considerada la operadora de acuarios y delfinarios más grande del mundo.<\/p>
Prudential, el principal acreedor, bajo la dirección de Sofía Belmar y con el apoyo legal de Baker McKenzie, tomó medidas drásticas en abril. Tras una asamblea decisiva, se suspendió la administración previa y se retiraron los poderes a Albor, nombrando en su lugar a Steven Strom como el nuevo responsable. Esta acción subraya la magnitud de las tensiones financieras y la determinación de los acreedores por salvaguardar sus intereses.<\/p>
Tal como se informó anteriormente, en abril, la gobernadora Lezama ya había desplegado fuerzas policiales en las instalaciones de Dolphin Discovery. Esta intervención buscaba proteger a Albor, quien ha sido una figura clave en el desarrollo de la empresa durante los últimos 30 años y con quien la mandataria mantenía lazos previos. La medida se produjo en un contexto donde el fondo Leisure Investments de Estados Unidos, tras adquirir el 99% de las acciones, intentaba desalojar a Albor de sus cargos.<\/p>
La relación laboral de Lezama con Albor en el pasado, cuando ella ejercía como comunicadora, añade otra capa a este complejo escenario. El fondo inversor, respaldado por sus asesores legales Baker McKenzie, Guerra González y José Luis Nassar Daw, se enfrenta ahora a los abogados de confianza de la gobernadora, Guillermo Barradas y “El Chino” Roberto García, quienes previamente gestionaron el caso de Aguakan. Esta confrontación legal resalta la intrincada red de influencias y poder en juego.<\/