El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha formalizado un pacto crucial con Airbnb, estableciendo la eliminaci\u00f3n de los listados de alojamientos tur\u00edsticos que no cuenten con un c\u00f3digo de registro v\u00e1lido. Esta decisi\u00f3n surge despu\u00e9s de que el pasado 1 de julio se implementara el sistema de registro obligatorio para alquileres de corta duraci\u00f3n, el cual, inicialmente, solo logr\u00f3 inscribir a la mitad de las propiedades.
Como parte de este acuerdo, Airbnb se ha comprometido a proporcionar informes mensuales, a partir de agosto, con informaci\u00f3n detallada de los anuncios publicados en su plataforma. Esta data incluir\u00e1 los n\u00fameros de registro nacionales y auton\u00f3micos, facilitando el cumplimiento de la legislaci\u00f3n vigente. La plataforma proceder\u00e1 a retirar aquellos anuncios que presenten inconsistencias en su registro. Antes de la eliminaci\u00f3n definitiva, se notificar\u00e1 a los anfitriones, otorg\u00e1ndoles un plazo para corregir las deficiencias, a menos que la revocaci\u00f3n del registro estatal se deba a una irregularidad grave, en cuyo caso la retirada se ejecutar\u00e1 en un plazo de 48 horas desde la notificaci\u00f3n gubernamental.
Espa\u00f1a se destaca como el primer pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea en transponer la legislaci\u00f3n comunitaria sobre el registro \u00fanico de alquileres de corta duraci\u00f3n, mediante la creaci\u00f3n de una ventanilla \u00fanica digital. El objetivo principal de esta iniciativa es combatir el fraude y la proliferaci\u00f3n de alojamientos tur\u00edsticos ilegales.
Esta regulaci\u00f3n llega en un momento cr\u00edtico, con Espa\u00f1a experimentando una severa crisis de vivienda, caracterizada por una oferta insuficiente, un aumento constante de los precios y dificultades de acceso, especialmente para j\u00f3venes y sectores vulnerables de la poblaci\u00f3n. Aproximadamente 381.837 viviendas tur\u00edsticas se estima que existen en el pa\u00eds, de las cuales m\u00e1s de 216.000 se concentran en tres comunidades aut\u00f3nomas clave: Andaluc\u00eda, Comunidad Valenciana y Catalu\u00f1a. M\u00e1laga, con casi 50.000 unidades, es la provincia con la mayor concentraci\u00f3n de este tipo de propiedades a nivel nacional.