En un esfuerzo por abordar las disparidades fiscales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado su respaldo a la propuesta de aumentar el impuesto predial en ciertas municipalidades, particularmente en Quintana Roo. Argumenta que es fundamental que aquellos con mayores recursos contribuyan más, mientras que quienes poseen menos paguen menos, con el fin de evitar la profundización de las brechas de desigualdad y pobreza en la sociedad. Esta postura se alinea con la iniciativa de la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, de revisar y ajustar las tablas catastrales de propiedades de alto valor, una acción que según la presidenta, busca promover la justicia social.

La propuesta de ajuste catastral, que entraría en vigor en 2026, ha generado una considerable inquietud entre los hoteleros de la región. Toni Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, ha señalado que, a pesar de los intentos de diálogo, las autoridades municipales no han respondido a sus solicitudes de reconsideración. Los hoteleros temen que, de implementarse las nuevas tarifas, pequeños hoteles podrían ver sus pagos incrementarse drásticamente, pasando de cientos de miles a millones de pesos, lo que los llevaría al cierre y a la pérdida de empleos. Han solicitado pruebas de las afirmaciones que sugieren que algunos hoteles pagan tarifas irrisorias, en contraste con lo que enfrentan las familias, insistiendo en que estas acusaciones carecen de sustento verificable.

La comunidad hotelera y otros sectores económicos de la zona consideran que el aumento propuesto es inviable dadas las condiciones económicas actuales. Advierten que no solo los pequeños establecimientos corren el riesgo de desaparecer o transformarse en residencias, sino que los grandes hoteles podrían recurrir a amparos legales. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) ya ha manifestado su profunda inquietud ante esta inminente alza impositiva para el año fiscal 2026, y ha hecho un llamado urgente a todas las partes involucradas –autoridades, ciudadanos y el sector empresarial– para establecer un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones equitativas y sostenibles para el futuro de la economía local.

La búsqueda de un sistema tributario más justo y equitativo es una aspiración loable que, al implementarse, debe considerar el impacto real en todos los sectores de la sociedad. Es imperativo que las políticas públicas fomenten un equilibrio entre la recaudación necesaria para el bienestar colectivo y la sostenibilidad de las actividades económicas que generan prosperidad y empleo. Un diálogo abierto y una evaluación transparente de las consecuencias son fundamentales para asegurar que las decisiones tomadas beneficien a la comunidad en su conjunto y eviten perjuicios irreparables a pilares de la economía local como el turismo.