El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos ha formalizado su determinación de revocar la inmunidad antimonopolio concedida a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta. La orden, publicada en el Registro Federal, establece el 25 de octubre como la fecha límite para la vigencia de esta protección. A partir del 19 de julio, las partes involucradas dispondrán de 14 días naturales para presentar sus objeciones o comentarios a las conclusiones emitidas por el DOT, seguidos de un plazo de 7 días hábiles para responder a dichas objeciones. Este procedimiento podría culminar con la confirmación de las conclusiones provisionales por parte del DOT, dando inicio a un período de liquidación de la inmunidad antimonopolio que finalizaría a medianoche del 25 de octubre.
La publicación de esta orden por sí sola no implica el fin inmediato de la inmunidad antimonopolio, según expertos en derecho transaccional y financiero. Sin embargo, representa un paso decisivo por parte del gobierno estadounidense, que busca presionar a México en relación con el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015. La controversia se origina en la obligación impuesta por el gobierno mexicano, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de trasladar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Esta medida ha provocado considerables pérdidas financieras a las aerolíneas de carga estadounidenses, lo que llevó al gobierno de Donald Trump a amenazar con represalias que ahora se materializan afectando la alianza entre Aeroméxico y Delta.
Desde 2022, las autoridades estadounidenses han señalado a México por presuntamente incumplir el acuerdo bilateral de aviación. Las acusaciones se centran en la abrupta revocación de franjas horarias (slots) y la imposición a las aerolíneas de carga estadounidenses de reubicar sus operaciones. Sean P. Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos, ha denunciado un “evidente desprecio” por parte de México hacia los compromisos bilaterales, calificando su comportamiento de sistemáticamente anticompetitivo. Esta situación ha escalado hasta el punto de amenazar una de las colaboraciones más importantes en la aviación de América Latina, evidenciando las complejas interacciones políticas y económicas que rigen las operaciones aéreas internacionales.