La actual administración mexicana, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, se encuentra en fase de análisis para una iniciativa revolucionaria que permitiría la conversión de sargazo en combustible sostenible para aeronaves. Este proyecto busca mitigar el impacto ambiental del sargazo en las costas y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa energética para la industria aérea, que enfrenta crecientes presiones para reducir sus emisiones.
Para materializar esta visión, se contempla la formación de una empresa multinacional que involucre a países de Centroamérica y el Caribe. José Samaniego Leyva, subsecretario de desarrollo sostenible y economía circular de la Semarnat, enfatizó que esta colaboración regional permitiría a las aerolíneas cumplir con las exigencias de descarbonización impuestas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el esquema CORSIA, que entrarán en vigor a partir de 2027. La cooperación entre estas naciones, que comparten el desafío del sargazo, se perfila como una estrategia mutuamente beneficiosa para incursionar en el mercado global de la aviación sostenible.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una entidad estatal, ha anunciado una considerable inversión de 300 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 16 millones de dólares). Este capital se destinará a la expansión de una planta en Cancún, diseñada para producir biocombustible a partir de residuos de aceite. Aunque actualmente el combustible de aviación sostenible (SAF) es significativamente más caro que el queroseno convencional, esta inversión subraya el compromiso con el desarrollo de alternativas más ecológicas.
La senadora Mayuli Martínez ha reiterado su petición al gobierno de Sheinbaum para que el sargazo sea reconocido como una emergencia nacional. Esta declaratoria permitiría que la responsabilidad de su manejo no recaiga únicamente en los municipios de Quintana Roo, sino que también se asignen recursos federales directos para enfrentar este fenómeno natural de manera más efectiva. La senadora ha subrayado la necesidad de proteger la salud de los trabajadores que realizan la limpieza manual de las playas en condiciones insalubres, abogando por medidas que optimicen la recolección de esta macroalga y garanticen la seguridad del personal.