La compañía que gestiona los aeropuertos españoles, Aena, ha anunciado su plan de implementar un aumento significativo en las tasas aeroportuarias para el año 2026. Este incremento se estima en un 6.5%, lo que se traduciría en un coste adicional de 68 céntimos por viajero, elevando la tarifa por pasajero a 11 euros. Esta subida representa el mayor ajuste tarifario desde que Aena comenzó a cotizar en bolsa en 2015, marcando un hito en su estrategia financiera.
El proceso de diálogo con las diversas aerolíneas ha concluido, y la propuesta tarifaria ha sido oficialmente presentada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la entidad encargada de emitir su dictamen en los próximos días. A diferencia de años anteriores, la validación de estas nuevas tarifas no requerirá la aprobación del Consejo de Ministros, sino que bastará con la luz verde del consejo de administración de Aena. Esto otorga a la empresa una mayor agilidad en la implementación de sus decisiones tarifarias.
Desde 2015, Aena había estado sujeta a una obligación legal de mantener congeladas sus tarifas, una medida impuesta por la Ley 18/2024. Sin embargo, esta restricción llega a su fin, abriendo la puerta a futuros incrementos más sustanciales a partir del próximo ejercicio. En 2024, Aena logró aplicar un aumento del 4.09% con el respaldo gubernamental. En contraste, en 2025, la CNMC impidió una subida inicial del 0.54%, forzando la congelación de las tarifas, decisiones que han sido objeto de disputa legal.
En respuesta a la propuesta de Aena, Ryanair ha expresado su preocupación, advirtiendo que los continuos aumentos en las tasas aeroportuarias podrían llevar a la aerolínea a reducir su capacidad operativa en los aeropuertos regionales españoles. La compañía irlandesa argumenta que los costes actuales son excesivos y afectan su capacidad para competir en el mercado. El CEO de Ryanair, Michael O’Leary, ha criticado la uniformidad de las tasas en aeropuertos de distinto tamaño, como Madrid y Santiago de Compostela, y ha cuestionado la necesidad de ciertas inversiones en infraestructura que, a su juicio, no benefician a las aerolíneas.
Durante el verano actual, la aerolínea de bajo coste ya ha recortado 800,000 plazas en rutas con destino u origen en España, con un impacto particular en las instalaciones regionales. Esta situación llevó al cese de operaciones en los aeropuertos de Jerez y Valladolid, desencadenando un intercambio de acusaciones entre Ryanair y Maurici Lucena, presidente de Aena. Esta controversia subraya la tensión existente entre la gestora aeroportuaria y las aerolíneas, y los posibles efectos en la conectividad aérea, especialmente en las regiones.