La estrecha colaboración entre Aeroméxico y Delta Air Lines se enfrenta a su disolución definitiva. Las autoridades estadounidenses, a través del Departamento de Justicia (DOJ), han confirmado el cese de la exención antimonopolio que permitía esta unión, una medida ya anticipada por el Departamento de Transporte (DOT). Esta decisión subraya la preocupación de Washington por lo que considera un entorno competitivo desfavorecido en el mercado aéreo mexicano, afectando directamente la operación de compañías extranjeras y nacionales.

El fallo emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos corrobora la posición provisional del Departamento de Transporte. Esta confirmación se centra en la no renovación de la inmunidad antimonopolio concedida a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta. Los argumentos esgrimidos por el DOJ apuntan a presuntas vulneraciones del Acuerdo Bilateral de aviación, destacando cómo ciertas acciones del gobierno mexicano han minado la competencia en el sector. Entre estas acciones, se menciona la confiscación de franjas horarias, un hecho que, según las autoridades estadounidenses, ha impactado negativamente la entrada y expansión de diversas aerolíneas en el mercado mexicano, alterando las condiciones de igualdad y el acceso al mercado abierto en las rutas que conectan México y Estados Unidos. La situación se agrava por el hecho de que estas medidas se tomaron sin ajustarse a los estándares internacionales, levantando serias dudas sobre el respeto a los derechos históricos de las compañías aéreas.

Anteriormente, el Departamento de Transporte ya había hecho pública su determinación de revocar la inmunidad antimonopolio, lo que representó un serio revés para la aerolínea mexicana. Estas tensiones diplomáticas y comerciales se remontan a la administración de Donald Trump. En aquel entonces, se advirtió sobre la imposición de sanciones a las aerolíneas mexicanas debido a la reubicación forzosa de operaciones de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta medida gubernamental generó pérdidas financieras considerables para las empresas aéreas estadounidenses, sentando las bases para las decisiones regulatorias actuales.

El impacto de esta resolución podría ser significativo para ambas aerolíneas, obligándolas a reevaluar sus estrategias y operaciones conjuntas en el futuro próximo. La medida refleja la postura firme de las autoridades estadounidenses en proteger sus intereses y asegurar un entorno de competencia equitativo en la aviación internacional.