El sindicato que representa a los trabajadores de la Secretaría de Cultura ha alzado la voz contra una reciente modificación en la administración de las entradas a la emblemática zona arqueológica de Tulum. En un comunicado contundente, manifestaron su profunda preocupación por la implicación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de su entidad Grupo Mundo Maya, en la comercialización de los accesos, una función que, por mandato legal, recae exclusivamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La crítica principal del sindicato, liderado por José Enrique Vidal, se centra en la posible duplicidad de cobros y en la desviación de recursos que, por derecho, deberían ser invertidos directamente en la conservación y promoción del vasto legado histórico y cultural de México. Según sus declaraciones, la presencia de la Guardia Nacional en el sitio y la venta física de boletos por parte de la empresa militarizada, instauran un modelo que no solo encarece la experiencia para los visitantes, sino que también amenaza la autonomía y los propósitos fundamentales del INAH, una institución creada precisamente para salvaguardar el patrimonio nacional. A pesar de los intentos de comunicación con el director del INAH, la situación persiste sin soluciones claras, lo que ha llevado al sindicato a solicitar la intervención directa de la presidenta, enfatizando que el acceso al patrimonio cultural no debe convertirse en una mera estrategia recaudatoria.

La zona arqueológica de Tulum, siendo la tercera más concurrida del país, genera ingresos significativos que, idealmente, deberían ser reinvertidos en su propia preservación y difusión. El sindicato advierte que la actual gestión podría sentar un precedente perjudicial para el manejo de otros sitios históricos, desvirtuando la misión de proteger y difundir la riqueza cultural de México. Reafirman su compromiso de luchar para que el control y la administración de los recursos regresen al INAH, asegurando así que el patrimonio del país sea manejado con la transparencia y el respeto que merece, en beneficio de la sociedad y del legado indígena.

Esta situación subraya la importancia de la legalidad y la transparencia en la gestión de los bienes culturales de una nación. La defensa del patrimonio histórico no es solo una cuestión administrativa, sino un pilar fundamental para la identidad y el futuro de un pueblo, garantizando que las futuras generaciones puedan conectar con sus raíces y comprender la magnitud de su herencia cultural. Es imperativo que las decisiones sobre nuestro legado cultural se tomen priorizando su valor intrínseco y su accesibilidad, por encima de intereses meramente económicos.