El sector de alojamiento y restauración en España se apoya en una fuerza laboral extranjera considerable, sumando aproximadamente 498,000 individuos. Esta cifra representa un impresionante 27% del total de empleados en la industria, una proporción que supera con creces la media nacional del 12% para el conjunto de la economía. Estos datos, recopilados por CCOO, subrayan una tendencia clara: la hostelería española depende significativamente de trabajadores de otras nacionalidades para mantener sus operaciones.
La procedencia de los trabajadores extranjeros en la hostelería es diversa. Un 72.75% de ellos proviene de países no pertenecientes a la Unión Europea, mientras que el restante 27.25% son ciudadanos comunitarios. En cuanto a su estatus laboral, una abrumadora mayoría, casi el 85%, está afiliada al régimen general de la Seguridad Social como empleados asalariados, mientras que el 15% restante opera bajo el régimen de autónomos.
La importancia de los trabajadores extranjeros en la hostelería es notoriamente superior a la observada en el promedio de la economía española. Si bien en la hostelería representan el 27% de la plantilla, en el resto de sectores esta cifra se reduce al 12%. Además, el 21% de todos los trabajadores extranjeros en España encuentran empleo en este dinámico sector, consolidando su rol como un gran empleador para la población migrante.
Los datos, extraídos del informe "Hostelería y turismo en España, 2024" de CCOO, emergen en un momento donde la industria enfrenta dificultades para hallar y retener personal calificado. Esta situación se atribuye a una serie de factores desmotivadores, incluyendo salarios reducidos, jornadas extenuantes, horarios inflexibles que impiden la conciliación personal, horas extras no remuneradas y, en ocasiones, situaciones de acoso. Estas condiciones laborales precarias contribuyen a una disminución en el interés de los profesionales locales por trabajar en el sector.
Las precarias condiciones laborales transforman la hostelería en un punto de entrada al mercado para aquellos con menos cualificaciones, jóvenes o inmigrantes, lo que implica una alta rotación y una menor estabilidad profesional. Este panorama crea un ciclo de vulnerabilidad que impacta la capacidad de los sindicatos para negociar mejoras laborales. La presencia de una gran proporción de trabajadores en situaciones desfavorables dificulta la reivindicación de condiciones de trabajo más equitativas, perpetuando un modelo que depende de la necesidad de empleo de estos grupos.