La capital española ha dado un paso decisivo en la regulación del sector de los alojamientos turísticos, con la aprobación definitiva del Plan Reside, una enmienda crucial al Plan General de Ordenación Urbana. Esta iniciativa busca reequilibrar la oferta de vivienda en el centro histórico, limitando drásticamente la proliferación de pisos turísticos en edificios destinados a residencia habitual. El objetivo primordial es proteger la habitabilidad y el tejido social de las zonas más densamente pobladas, desviando la actividad turística hacia áreas más aptas y controlando la expansión desordenada que ha impactado negativamente el mercado inmobiliario local.

La nueva normativa, que entrará en vigor tras su publicación oficial, establece una clara distinción entre el centro histórico y el resto de la ciudad. En el núcleo histórico, la operación de viviendas de uso turístico (VUT) en edificios residenciales queda prohibida, incluso en las plantas bajas. La única excepción a esta regla son los inmuebles catalogados que se dediquen exclusivamente a esta actividad, siempre y cuando se sometan a una rehabilitación integral y se garantice un uso turístico por un período máximo de quince años. Esta medida tiene como propósito fundamental frenar la continua reducción del parque de viviendas para residentes en áreas bajo presión.

Un diagnóstico reciente realizado por el ayuntamiento reveló una situación preocupante: de las 17.360 propiedades turísticas que operan en Madrid, un abrumador 92,7% corresponden a pisos turísticos, de los cuales apenas un 7,45% poseen la licencia municipal correspondiente. Este desequilibrio subraya la urgencia de las medidas adoptadas. Fuera del centro histórico, la municipalidad permitirá la concesión de licencias para VUT tanto en edificios completos como en viviendas individuales que coexistan con el uso residencial. Como novedad, se exige que estos pisos turísticos cuenten con un acceso independiente en la primera planta o planta baja, una modificación introducida tras un período de consulta pública.

Además de la regulación de las viviendas turísticas, el plan incorpora incentivos para la reconversión de espacios. Se fomenta la transformación de oficinas en viviendas y se posibilita la adaptación de equipamientos privados en desuso para alquileres asequibles o proyectos de 'coliving', siempre que estos inmuebles estén catalogados y se garantice su rehabilitación. Se han identificado 210 propiedades con este potencial en el centro histórico, lo que podría aliviar la presión sobre el mercado de alquiler. Paralelamente, se restringe la conversión de locales comerciales en VUT o viviendas, tanto en el centro como en las principales arterias comerciales, con el fin de salvaguardar el comercio de proximidad. Entre 2015 y 2024, se registró la transformación de 3.306 locales, una tendencia que ahora se busca invertir.

Para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa, el Plan Reside también fortalece el marco sancionador contra los alojamientos ilegales. Desde abril de 2024, el ayuntamiento ha endurecido significativamente las penalizaciones para las VUT que operan sin licencia. Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la explotación de una vivienda con fines turísticos sin la autorización correspondiente se considera una infracción grave. Las sanciones económicas varían entre 30.001 y 100.001 euros, dependiendo de la reincidencia. Previo a la aprobación definitiva del Plan Reside, se implementó un plan de acción transitorio que incluyó la suspensión temporal de nuevas licencias, el incremento en un 15% del personal inspector y la publicación de un listado oficial de VUT autorizadas. Actualmente, solo 1.293 viviendas cuentan con una licencia activa, lo que evidencia la magnitud del desafío regulatorio.

La meta de estas reformas es preservar la calidad de vida de los residentes de la ciudad, asegurando una convivencia armoniosa entre el desarrollo económico y el bienestar ciudadano. Se busca un modelo donde las viviendas turísticas puedan coexistir con otras formas de alojamiento, pero siempre protegiendo a los habitantes de los efectos adversos de compartir espacios residenciales.