El presente informe detalla la persistente controversia en torno a la propuesta de enajenación de un codiciado predio municipal en Cancún. La administración actual del municipio de Benito Juárez ha reanudado los esfuerzos para vender este terreno de gran valor, situado estratégicamente en la zona hotelera, específicamente en el kilómetro 13 del Boulevard Kukulcán, justo frente a la popular Playa Marlín. La justificación oficial para esta operación es la obtención de fondos destinados a proyectos de infraestructura en la delegación de Alfredo V. Bonfil. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado resistencia significativa, especialmente de parte de un grupo de regidoras, lo que ha puesto en pausa la transacción, aunque no la ha descartado por completo. Este suceso subraya la tensión entre las prioridades de desarrollo urbano y la protección de los bienes públicos en una de las ciudades turísticas más importantes de México.

Reavivada Contienda por Terreno Estratégico en la Joya Caribeña de Cancún

En el vibrante corazón de Cancún, en la soleada mañana del 17 de julio de 2025, el gobierno municipal de Benito Juárez, bajo la dirección de la alcaldesa Ana Patricia Peralta, ha revivido una propuesta que generó considerable debate en el pasado: la desincorporación y eventual venta de un extenso y valioso terreno de propiedad municipal. Este predio, una joya inmobiliaria de 11,882 metros cuadrados, se asienta majestuosamente en el kilómetro 13 del emblemático Boulevard Kukulcán, ofreciendo vistas inigualables a la célebre y concurrida Playa Marlín, y encontrándose en las inmediaciones de distinguidos centros comerciales como La Isla y Plaza Kukulcán.

La historia de este terreno no es nueva; ya en 2018, durante los últimos meses de la administración de Remberto Estrada, se había intentado su venta, con el Grupo Salinas como potencial comprador. Aquel intento fue vehementemente frustrado por la unida protesta de organizaciones ciudadanas y políticas, que alzaron su voz en defensa de las playas públicas de Cancún, logrando la paralización de la enajenación. Se reveló entonces que el terreno, inicialmente un obsequio de Fonatur al municipio en 1996, estaba segmentado en tres lotes diferenciados.

El resurgimiento de esta propuesta por parte de la actual administración se hizo evidente tras una reunión de precabildeo, un paso previo a la sesión de cabildo donde se votaría la autorización de la venta. Sin embargo, la iniciativa se topó con un obstáculo inesperado: tres regidoras, miembros de la coalición gobernante Morena-PVEM-PT, se negaron rotundamente a apoyar la transacción. Esta disidencia quebró la mayoría necesaria, impidiendo que la propuesta alcanzara las dos terceras partes de los votos requeridos para su aprobación.

A pesar de este revés temporal, el destino del predio permanece incierto. El tema no ha sido archivado definitivamente, y se anticipa que la alcaldesa y su equipo intensificarán las negociaciones con las “regidoras disidentes” de Morena, con el objetivo de persuadirlas a cambiar su postura y así asegurar la luz verde para una venta que promete inyectar recursos en la delegación de Alfredo V. Bonfil, aunque a costa de un bien público de inestimable valor en la zona turística más preciada de Cancún.

Desde una perspectiva periodística, este episodio es un claro reflejo de las complejas dinámicas de poder y los intereses económicos que confluyen en destinos turísticos de talla mundial como Cancún. La recurrente intención de vender un terreno de tal magnitud y ubicación privilegiada plantea interrogantes fundamentales sobre la gestión de los activos públicos y la transparencia en la toma de decisiones. Mientras que la justificación de obtener fondos para obras públicas es válida, la repetición de este intento de venta, y la fuerte oposición ciudadana y política que genera, debería ser un llamado a la reflexión. Es imperativo que las autoridades consideren no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo para el patrimonio público y el acceso de los ciudadanos a sus playas. La intervención de las regidoras “rebeldes” subraya la importancia de la supervisión y la resistencia civil en la protección de los intereses colectivos frente a posibles presiones económicas. Este caso, en última instancia, destaca la necesidad de un equilibrio delicado entre el desarrollo y la preservación, y la rendición de cuentas en la administración de los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos.