Un reciente veredicto judicial en Australia ha dictaminado una considerable penalización económica contra la aerolínea Qantas. La compañía ha sido obligada a pagar 90 millones de dólares australianos, equivalentes a 50 millones de euros, por haber ejecutado despidos ilegales de aproximadamente 1.800 empleados de su personal de tierra durante el período de la pandemia de COVID-19. Este fallo judicial subraya la importancia de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores, especialmente en tiempos de crisis. Una porción significativa de esta sanción se dirigirá directamente al sindicato que representa a los trabajadores del transporte.

La resolución fue emitida por el juez Michael Lee en el Tribunal Federal de Nueva Gales del Sur. Durante el proceso, se destacó que la aerolínea no demostró un arrepentimiento auténtico por sus acciones, lo que fue interpretado como un mero reflejo del daño reputacional y económico que el litigio ocasionó a la empresa. Esta evaluación del tribunal resalta la gravedad de la conducta de Qantas y su impacto en la percepción pública.

La decisión judicial se fundamenta en los despidos que Qantas implementó en noviembre de 2020. En aquel momento, la aerolínea optó por externalizar los servicios de tierra, afectando a numerosos operarios, incluyendo a aquellos encargados del manejo de equipajes. Esta medida se tomó en un contexto global de cierre de fronteras y restricciones de viaje debido a la pandemia, lo que llevó a Australia a suspender sus operaciones aéreas internacionales desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021.

El Tribunal Federal Australiano ya había declarado la ilegalidad de estas acciones en dos fallos previos, en 2021 y 2023, decisiones que posteriormente fueron ratificadas por el Tribunal Supremo. El sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés) había criticado enérgicamente la estrategia de Qantas de subcontratar a los empleados despedidos, calificándola de ineficaz y contraproducente. La privatización de Qantas, que tuvo lugar entre 1993 y 1997, ha sido un punto de referencia en el debate sobre sus prácticas laborales.

Cabe mencionar que en diciembre pasado, Qantas había llegado a un acuerdo con el TWU para indemnizar a los más de 1.800 empleados despedidos de forma ilegal, con una suma total de 120 millones de dólares australianos (72,5 millones de euros). La multa impuesta por la justicia en esta ocasión es una sanción adicional e independiente de aquel acuerdo previo.

Esta sentencia contra Qantas establece un precedente importante en la jurisprudencia laboral australiana, reforzando la obligación de las empresas de cumplir con la normativa laboral, incluso en circunstancias excepcionales como una pandemia. La resolución judicial subraya que las corporaciones deben asumir responsabilidades por sus decisiones, especialmente cuando estas afectan de manera significativa la vida y el sustento de sus empleados.