En un giro reciente de los acontecimientos, la esperada respuesta del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) a las aerolíneas Aeroméxico y Delta, en relación con la propuesta de revocar la inmunidad antimonopolio de su acuerdo de colaboración, ha tomado un rumbo desfavorable para ambas compañías. Originalmente, las aerolíneas habían solicitado una extensión de cuatro semanas para preparar sus alegaciones; sin embargo, esta petición fue denegada. En su lugar, se les ha concedido un plazo significativamente más corto, lo que incrementa la presión sobre esta crucial alianza aérea.
El día 2 de agosto de 2025, la Ciudad de México fue testigo de una noticia que resonaría profundamente en el sector de la aviación. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) anunció formalmente su decisión de no conceder la prórroga solicitada por Aeroméxico y Delta. Estas aerolíneas, inmersas en un proceso crítico para mantener su inmunidad antimonopolio dentro de su 'joint venture', habían solicitado cuatro semanas adicionales para presentar sus objeciones ante la posible revocación de dicha inmunidad. No obstante, el DOT rechazó esta solicitud, estableciendo en su lugar un plazo estricto: las compañías aéreas deben presentar su respuesta en un máximo de siete días hábiles, contados a partir del jueves 31 de julio, con la fecha límite fijada para el 11 de agosto de 2025. El organismo estadounidense justificó su determinación aludiendo a que el periodo extendido de una semana ya ofrece suficiente tiempo para que las partes interesadas, incluyendo a los solicitantes conjuntos, respondan a sus hallazgos preliminares. Además, el DOT señaló que el plazo inicial de 14 días naturales para comentarios y 7 días hábiles para réplicas se considera un periodo habitual y razonable. Este ajuste en los plazos se formalizó a través de un documento oficial del DOT, el cual también estipula que las respuestas a las objeciones deben ser presentadas a más tardar el 20 de agosto de 2025. Esta situación se añade a un contexto ya complejo, que incluye la publicación previa por parte del DOT de una orden en el Registro Federal, indicando la intención de revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza. La raíz de estas medidas se remonta a declaraciones previas del gobierno de Donald Trump, que señaló la imposición de tres medidas a las aerolíneas mexicanas. Estas acciones fueron motivadas por la percepción de que México violó el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, al obligar, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, a las aerolíneas de carga estadounidenses a trasladar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que, según las autoridades estadounidenses, generó cuantiosas pérdidas para las compañías aéreas de su país.
Desde una perspectiva periodística, esta decisión del DOT representa un desafío significativo para el futuro de la colaboración entre Aeroméxico y Delta. La reducción del plazo de respuesta no solo presiona a las aerolíneas en términos de tiempo, sino que también subraya la firmeza del gobierno estadounidense en sus políticas de aviación. Este episodio ilustra cómo las decisiones políticas y regulatorias pueden tener un impacto directo y a veces contundente en las operaciones y estrategias de negocio de grandes corporaciones internacionales, obligándolas a adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes. Será crucial observar cómo estas dos gigantes de la aviación navegan este estrecho margen de tiempo para salvaguardar una de las alianzas más importantes en el espacio aéreo transfronterizo.