La administración regional de Andalucía ha implementado una serie de acciones decisivas que resultaron en la baja de más de 9.200 propiedades destinadas al alquiler turístico en un período de un año y medio. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para gestionar y regular el crecimiento de estos alojamientos. El esfuerzo ha sido particularmente notable en la provincia de Málaga, donde se concentró una parte sustancial de las cancelaciones, reflejando el compromiso de las autoridades con la ordenación del sector y la adecuación de la oferta turística a las necesidades de las comunidades locales.

El balance detallado de estas cancelaciones, presentado recientemente al Consejo de Gobierno, muestra una distribución variada entre las provincias andaluzas. Almería registró 670 bajas, Cádiz 1.064, Córdoba 620, Granada 1.674, Huelva 389, Jaén 283, Málaga 3.426 y Sevilla 1.087. Estas cifras evidencian el impacto de las nuevas regulaciones en todo el territorio, destacando la magnitud de la intervención en Málaga, que por sí sola representa más de un tercio del total de propiedades desregistradas.

Una de las herramientas clave para lograr estos resultados ha sido el Decreto 31/2024. Esta normativa ha introducido modificaciones significativas en la gestión de las viviendas de uso turístico, los apartamentos turísticos y los establecimientos hoteleros en la región. En particular, ha facultado a los municipios para imponer limitaciones en el número máximo de alojamientos turísticos, ya sea por edificio, sector o área específica, siempre que existan razones de interés general que lo justifiquen. Además, el decreto facilita la colaboración entre la consejería competente en turismo y otras entidades, tanto públicas como privadas, para el intercambio de información relevante sobre este tipo de alojamientos.

Complementando estas medidas, se ha promulgado el Decreto-ley 1/2025, enfocado en la vivienda. Esta disposición otorga a los ayuntamientos mayor autonomía y seguridad jurídica para adaptar la actividad de las viviendas de uso turístico a la planificación urbanística de cada localidad, buscando preservar el entorno urbano. Incluso se les ha concedido la capacidad de suspender, por un lapso máximo de tres años, la emisión de nuevas licencias y declaraciones responsables para viviendas turísticas en todo el municipio o en zonas específicas, justificando la necesidad y proporcionalidad de tal medida. Gracias a esta habilitación legal, varias ciudades andaluzas, como Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, El Puerto de Santa María, Granada, Málaga y Sevilla, ya han iniciado procesos para suspender nuevas autorizaciones mientras revisan sus planes de ordenación urbanística.

La decidida acción de la Junta de Andalucía para cancelar y regularizar la inscripción de viviendas turísticas es un claro indicativo de su compromiso con un modelo de desarrollo turístico más equilibrado y sostenible. A través de la implementación de nuevas normativas y la colaboración con los municipios, se busca armonizar la creciente demanda de alojamientos con la preservación del carácter residencial y la calidad de vida en las comunidades locales. Esta iniciativa de control y ordenación, especialmente visible en Málaga, marca un antes y un después en la política turística de la región, priorizando la gestión integral del impacto del turismo en el territorio.