La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de la ciudad si se procede con la eliminación de 10.000 viviendas turísticas. Esta medida, según la asociación, podría tener repercusiones significativas en la capacidad de Barcelona para albergar eventos de talla mundial como el Mobile World Congress, el ISE o la Fórmula 1. Argumentan que la oferta hotelera actual, incluso sumando la del área metropolitana, es insuficiente para cubrir la demanda que generan estos grandes encuentros internacionales. La directiva de Apartur enfatiza la importancia de estas propiedades en la infraestructura turística de la ciudad y cómo su desaparición podría minar la competitividad del destino, además de plantear cuestionamientos sobre la legalidad y la proporcionalidad de dicha decisión.
Marian Muro, directora de Apartur, detalla la situación actual en una entrevista. Barcelona ha sido pionera en la regulación de viviendas turísticas desde 2012, con una fuerte campaña contra la oferta ilegal. Desde 2014, la emisión de nuevas licencias está suspendida, manteniendo un número estable de 10.000 viviendas turísticas legales, que constituyen un mero 1% del parque habitacional total de la ciudad, una cifra muy inferior a la de otras grandes urbes globales. La profesionalización de estas viviendas, junto con sus servicios, ha contribuido a un equilibrio que, según Apartur, se vería gravemente afectado por la medida propuesta por el gobierno municipal.
La decisión de eliminar estas 10.000 viviendas es percibida como un \"riesgo\" mayúsculo. Apartur sostiene que las licencias concedidas carecían de fecha de caducidad, lo que convierte su supresión en una forma de expropiación de un derecho adquirido. Citando sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Europa, la asociación argumenta que las licencias forman parte del patrimonio y, si se eliminan, se requiere una indemnización. Además, consideran que la medida contraviene la directiva de servicios Bolkestein de la Unión Europea, la cual exige que cualquier restricción excepcional, incluso por interés general, cumpla con los principios de idoneidad, proporcionalidad y no discriminación. Muro puntualiza que estas viviendas no retornarían automáticamente al mercado de alquiler de larga estancia, desvirtuando el argumento de idoneidad. También resalta la falta de proporcionalidad de la medida, ya que Barcelona ya cuenta con un plan de usos que limita las licencias, y la discriminación hacia un sector específico, cuando otras actividades profesionales en viviendas o pisos vacíos no han sido objeto de acciones similares.
Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos, se ha tomado acción legal. Se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que, aunque no prosperó por unanimidad, ha motivado la búsqueda de nuevas vías legales. Actualmente, Apartur está promoviendo acciones para llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Cabe destacar que el Partido Socialista Europeo se ha manifestado en contra de la prohibición, abogando por el equilibrio y la regulación, no por la eliminación total. Se estima que hay entre 500 y 600 pisos turísticos ilegales, muchos de ellos vinculados a mafias, según datos del propio Ayuntamiento.
Además del impacto económico, la supresión de estas viviendas limitaría la libertad de elección de los consumidores y restaría competitividad a Barcelona como destino turístico. Las viviendas turísticas son cruciales para acoger a las familias de clase media, quienes a menudo encuentran los precios hoteleros inasequibles, permitiéndoles así acceder a la posibilidad de viajar. Otro beneficio importante, según Apartur, es la descentralización del gasto turístico. Al estar distribuidas por toda la ciudad, estas viviendas fomentan que los visitantes realicen sus compras y consuman en los negocios locales de los barrios, generando ingresos en el ecosistema económico circundante, a diferencia de los hoteles que suelen concentrar el consumo en sus propias instalaciones. Este efecto multiplicador directo e indirecto de la actividad de las viviendas turísticas es fundamental para la economía barcelonesa.