Ibiza, una joya del turismo global, se enfrenta a un desafío considerable: el crecimiento descontrolado de la oferta de hospedajes no regulados. Esta situación no solo infringe las leyes existentes, sino que también degrada la experiencia del visitante, genera competencia desleal, presiona las infraestructuras locales y eleva los costos de vivienda para los habitantes. Además, afecta negativamente la convivencia social y empaña la reputación de la isla como destino de calidad.
En respuesta a esta problemática, el Consell Insular d’Eivissa ha lanzado el Plan de Choque contra el Intrusismo. Esta iniciativa, dotada con más de 22 millones de euros para el período 2025-2027, proviene del Impuesto de Turismo Sostenible, pagado directamente por los turistas. La mitad de estos fondos es administrada por el Consell, mientras que la otra se distribuye entre los cinco municipios de la isla. El plan tiene como objetivo principal aumentar los recursos humanos y tecnológicos, enfocándose en la intensificación de las inspecciones, el incremento de las sanciones, el monitoreo constante de las plataformas digitales, la ejecución de campañas de concientización y la mejora de la coordinación entre las distintas instituciones.
Para fortalecer la respuesta, el Consell aprobó el Plan de Inspección Turística 2025, que incluye un Plan Especial para identificar alojamientos comercializados ilegalmente. Este programa prioriza áreas con historiales de infracciones, propiedades en edificios multifamiliares y casos con quejas recurrentes. Una pieza clave de esta estrategia es la identificación y responsabilización de los propietarios o comercializadores. Paralelamente, se ha reestructurado la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, integrándola en la estructura del Consell, lo que mejora la coordinación entre departamentos, incorpora herramientas digitales y análisis de datos, y asegura la estabilidad de las acciones contra el intrusismo en alojamiento y transporte.
En la era de la información, el rigor en el análisis de datos es crucial. Es común estimar la oferta ilegal restando unidades legales de los anuncios en plataformas. Sin embargo, esta metodología puede ser engañosa, ya que un anuncio no siempre representa una unidad alojativa, no todos los anuncios son de uso turístico, la falta de licencia no siempre implica ilegalidad y viceversa, y no todo anuncio es un alquiler turístico. Para obtener una imagen precisa, se requiere un examen detallado de cada anuncio, considerando el tipo de alojamiento, la modalidad de alquiler, la relación entre múltiples anuncios de una misma unidad y su ubicación geográfica.
Las medidas implementadas por el Consell Insular d’Eivissa en 2025 ya están generando resultados concretos. Se ha observado una disminución constante y significativa en el número de anuncios de alojamiento turístico ilegal en plataformas digitales. Entre enero y agosto de 2025, la plataforma Airbnb experimentó una reducción del 65% en anuncios sin licencia. Este descenso refleja el impacto directo de las políticas de inspección, la colaboración interinstitucional y los acuerdos con las plataformas. La reducción de miles de plazas ilegales alivia la presión sobre el territorio, fortalece la oferta legal y contribuye a la sostenibilidad del destino.
La erradicación de la oferta ilegal no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino una medida crucial para mitigar la masificación turística. En un entorno insular con recursos limitados como Ibiza, el exceso de visitantes compromete el equilibrio ecológico, genera tensiones comunitarias y sobrecarga los servicios públicos. Controlar el número real de plazas ofrecidas es esencial para un modelo turístico sostenible, donde la calidad prevalezca sobre la cantidad. Garantizar un turismo ordenado y respetuoso es fundamental para el principal motor económico de la isla. Protegerlo implica asegurar que todas las actividades operen dentro de la legalidad, ofreciendo garantías a usuarios, residentes y al entorno natural.
Dentro de esta estrategia, el Consell Insular ha establecido la Mesa de Intrusismo de Ibiza, un órgano consultivo que fomenta la participación de administraciones, fuerzas de seguridad, el sector empresarial y plataformas digitales. Esta mesa se reúne regularmente para asesorar, proponer y coordinar políticas contra la oferta ilegal, promoviendo una gobernanza multinivel efectiva y compartida.
Un logro destacado de esta colaboración es el acuerdo con Airbnb, la plataforma con más anuncios en Ibiza. Este convenio permite eliminar anuncios de unidades no residenciales y aquellos asociados a expedientes sancionadores. También restringe la publicación de anuncios sin número de registro, con el objetivo de eliminar por completo estos anuncios antes de mediados de septiembre de 2025. Gracias a la cooperación con otras plataformas como Booking, ya se han retirado cientos de anuncios claramente irregulares. Estos acuerdos, iniciados en Ibiza, están siendo adoptados como referencia por otras islas baleares y destinos como la Región de Murcia y las Islas Canarias, consolidando un modelo eficaz de cooperación público-privada en la lucha contra la oferta ilegal.
El respaldo de las administraciones superiores ha sido vital. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, ha reconocido el carácter innovador del Plan de Choque y se ha comprometido a colaborar. Esta implicación se suma al apoyo financiero del Govern de las Illes Balears y la participación activa de los ayuntamientos. Además, las iniciativas del Consell han generado un creciente interés a nivel europeo. El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, presentó esta estrategia en el foro internacional 'Unbalanced Rollercoaster: EU Tourism tools for a Smoother Ride' organizado por la Comisión Europea, subrayando el liderazgo de Ibiza en la lucha contra el intrusismo y la importancia del intercambio de datos para combatir el alquiler turístico ilegal.
En este contexto, la evolución normativa es innegable. En 2024, el Parlament de las Illes Balears aprobó nuevas leyes que refuerzan la lucha contra la actividad turística ilícita y clandestina. Estas normativas, diseñadas para promover un turismo responsable, introducen nuevas obligaciones, fortalecen los mecanismos de inspección y sanción, y posicionan a los Consejos insulares como actores clave en la supervisión y ordenación del modelo turístico. Su mensaje es claro: la actividad turística debe ser legal, transparente y respetuosa con el entorno y la comunidad local.
En síntesis, la estrategia del Consell Insular d’Eivissa contra la oferta ilegal es definida, coordinada y ambiciosa. Se basa en un diagnóstico preciso y se sustenta en datos, regulación, recursos, colaboración institucional y corresponsabilidad con el sector privado. Lo más importante: ya está rindiendo frutos. La reducción en la oferta ilegal en plataformas es alentadora y confirma la efectividad del camino emprendido. Esta tendencia positiva refuerza la convicción del Consell de que solo la legalidad y la sostenibilidad pueden asegurar un futuro turístico de calidad, equilibrado y respetuoso con los residentes y el entorno. Ibiza continuará liderando con responsabilidad, determinación y colaboración, salvaguardando el presente y el futuro del turismo, motor económico fundamental y elemento clave para el bienestar colectivo de la isla.