La Riviera Maya se encuentra en una encrucijada turística. Durante la temporada estival, la región ha sido testigo de un declive sin precedentes en la ocupación hotelera, generando una profunda preocupación en la industria. Este fenómeno, sumado a las crecientes presiones fiscales, amenaza la estabilidad económica y laboral del vibrante sector turístico. Los líderes hoteleros han alzado su voz, instando a las autoridades a implementar medidas prudentes que salvaguarden la viabilidad de los negocios y el bienestar de los empleados, en un entorno ya complicado por factores externos.
En el corazón de la península de Yucatán, durante los meses de verano, la Riviera Maya ha presenciado una drástica reducción en la afluencia de visitantes a sus establecimientos hoteleros. La ocupación ha caído un significativo 11% en comparación con el mismo período del año previo, situándose en un alarmante 64.8%. Este retroceso contrasta marcadamente con el 73.20% registrado el año pasado, según datos recientes del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). Otras zonas del estado, como la Zona Hotelera de Cancún con un 69.90%, Puerto Morelos con un 63.40%, la Zona Continental de Isla Mujeres con un 75.40%, y Cozumel con un 68.01%, también reflejan este desafío.
Frente a esta coyuntura, la voz del sector hotelero se ha hecho escuchar. El influyente vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, ha emitido un llamado urgente a los ayuntamientos. Su petición central es que cualquier ajuste en el impuesto predial se aplique de manera escalonada y que no exceda el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La falta de una revisión sensata de los valores catastrales, advierte Ortiz Mena, podría comprometer seriamente la operatividad de los centros de hospedaje, forzando una posible reconversión de propiedades a edificios residenciales y, lo que es más crítico, resultando en una considerable pérdida de puestos de trabajo. Este sector, ya de por sí, sortea adversidades como la disminución de vuelos, la persistencia del sargazo en las costas, la percepción de inseguridad y una competencia desleal por parte de alquileres vacacionales informales, lo que ya ha llevado a una necesidad de bajar las tarifas para atraer clientela.
Adicionalmente, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Toni Chávez, ha manifestado públicamente su frustración. A pesar de las solicitudes formales de diversos actores económicos del municipio a Estefanía Mercado, alcaldesa de Playa del Carmen, para reconsiderar el incremento de los impuestos catastrales, no se ha obtenido respuesta alguna. Por el contrario, la sorpresa ha sido mayúscula al observar una campaña mediática adversa dirigida contra los hoteleros de la Riviera Maya desde la propia presidencia municipal, insinuando que algunos hoteles contribuyen con sumas insignificantes en impuestos. Ante esta acusación, que carece de pruebas, el sector ha exigido una demostración de la veracidad de tales afirmaciones, sin que hasta el momento se haya proporcionado evidencia.
La situación actual en la Riviera Maya nos obliga a reflexionar profundamente sobre la interconexión entre la política fiscal y la sostenibilidad de la industria turística. Es imperativo que los gobiernos locales y los actores del sector trabajen mancomunadamente. Un aumento desproporcionado en los impuestos, especialmente en momentos de fragilidad económica, podría desencadenar un efecto dominó devastador, afectando no solo a los empresarios hoteleros, sino también a miles de familias que dependen directamente de esta actividad. La empatía y la visión a largo plazo son cruciales para preservar este destino paradisíaco, asegurando su competitividad y su capacidad de generar riqueza para la comunidad en el futuro. Es tiempo de buscar soluciones innovadoras que equilibren las necesidades fiscales con la protección de una industria vital para la economía regional.