La presidencia de Joe Biden había introducido una propuesta legislativa en Estados Unidos, con similitudes a la normativa europea, que establecía que las aerolíneas debían compensar a los viajeros en caso de cancelaciones o demoras extensas en sus vuelos, además de asegurar su traslado rápido. Sin embargo, esta regulación aún no había sido activada.
Como era previsible, las compañías aéreas estadounidenses manifestaron su descontento con esta legislación en ciernes. Ejercieron presión sobre el gabinete de Donald Trump, quien, sin mucha resistencia, anunció la suspensión del proceso de implementación de la normativa. Esta decisión fue confirmada por fuentes cercanas al asunto.
La normativa, que reflejaba un esquema europeo, contemplaba indemnizaciones de hasta 300 dólares para vuelos nacionales y hasta 775 dólares para rutas internacionales, en casos de retrasos mínimos de nueve horas. Cabe destacar que la regulación europea inicia la compensación a partir de las tres horas de demora.
Pete Buttigieg, quien ocupó el cargo de secretario de Transporte antes de la actual administración, criticó a su sucesor, Sean Duffy, argumentando que este último servía a los intereses de las aerolíneas. La veracidad de esta afirmación se sustenta en el historial de Duffy, quien previamente recibió pagos de aerolíneas para negociar acuerdos en Europa en su nombre.
La asociación gremial de la aviación reveló públicamente haber contribuido con 5.7 millones de dólares a la campaña electoral de Trump. Esta generosa donación es vista por muchos como un factor clave en la actual decisión del presidente, sugiriendo una posible recompensa por el apoyo recibido.